El vertedero de neumáticos de Seseña es un auténtico despropósito. No tiene licencia desde el año 2010. El dueño de la instalación, que fue condenado a prisión por un delito ecológico aunque no entró en la cárcel, ha desaparecido. Y la dejadez de las Administraciones, que no se han puesto de acuerdo durante más de una década para evitar su crecimiento descontrolado, ha convertido este cementerio de residuos en una bomba de relojería medioambiental que ha ‘explotado’ este viernes con el grave incendio, al parecer provocado y ya confinado, que ya ha arrasado el 40% de sus 117.000 metros cuadrados.
El vertedero surgió a finales de los años 90, justo en el límite de Seseña (Toledo) con Valdemoro (Madrid). El centro pertenecía a la familia Villadangos García, que alquiló los terrenos para abrir un centro de reciclaje de neumáticos. El Ayuntamiento de Seseña concedió la licencia de actividad en 2003 a la empresa Disfilt SA, “pero pronto surgieron los problemas, ya que lo que iba a ser solo reciclaje se convirtió en almacén”, explica Rosa Garay, concejala de Urbanismo y Medio Ambiente. Las primeras denuncias de la Policía Local y del Seprona de la Guardia Civil llegaron en 2005.
“El vertedero acabó convirtiéndose en un enorme almacén permanente, carente de autorizaciones”, explican desde Ecologistas en Acción. Y en enero de 2009 el administrador de Disfilt fue condenado a tres meses de prisión por un delito ecológico, pena que no obligaba a su encarcelamiento. En 2010, los propietarios de los terrenos no renovaron el contrato de alquiler y tuvieron que acudir a los tribunales para echar a Desfilt. El centro debía marcharse y retirar antes los neumáticos. Algo que obviamente no hizo. Disfilt empezaba ya además a acumular expedientes administrativos y sanciones: 300.000 de la Junta de Castilla-La Mancha, 150.000 del Ayuntamiento de Seseña y 90.000 de la Comunidad de Madrid.
“Los propietarios de los terrenos pidieron entonces ayuda al Ayuntamiento para deshacerse de los neumáticos”, explica la concejala Garay, que recuerda que sobre 2010 se revocó la licencia. El centro había crecido a un ritmo desproporcionado y ya había invadido terrenos colindantes que pertenecían a la Comunidad de Madrid. El dueño de Desfilt desapareció, aunque la empresa sigue activa en el registro mercantil. Se lo tragó la tierra al mismo ritmo que los neumáticos se empezaban a tragar la zona. Una sentencia de un juzgado de Illescas (Toledo), otra más, calificó en mayo de 2011 de “bien abandonado” a los neumáticos y autorizó al Consistorio a disponer de los mismos “como crea conveniente”, debido a que la parte demandada (Disfilt) “no procedió en su día a su retirada, habiéndoles hecho el oportuno apercibimiento”.
El 30% está en Madrid
La pelota está desde entonces en varios tejados: el del Ayuntamiento deSeseña, el de la Junta de Castilla-La Mancha y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se encontró con un problema. “La Comunidad de Madrid nunca ha dado licencia porque no nos fue comunicado. Lo que en 2002 parecía que iba a ser un centro de reciclado de neumáticos, hoy ocupa entre 70.000 y 90.000 toneladas de caucho, lo que supone unos cinco millones de ruedas. Es un problema ambiental de primer orden que nunca debió de afectar a Madrid porque la instalación se realizó por el Gobierno de Castilla-La Mancha y nunca jamás nos dijeron que estaban metiéndose en terreno de la Comunidad de Madrid, nunca, hasta el año 2009, cuando la Comunidad de Madrid lo descubrió”, declaraba hace poco Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo madrileño.
El vertedero de neumáticos ocupa hoy una superficie de 117.000 metros cuadrados, de los que el 30% son terrenos de Madrid. El Gobierno regional asegura que ha mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento, con la Junta de Castilla-La Mancha y con el Gobierno central para llegar a un acuerdo y empezar a eliminar los neumáticos. Hay que negociar quién paga. El Consistorio firmó un convenio en 2013 para que una empresa valenciana hiciera el trabajo, pero esta rescindió el acuerdo en febrero de 2016. El trabajo no le resultaba rentable.
Desde entonces el vertedero ha estado abandonado, sin seguridad desde las 16.00 horas. El incendio es buena prueba de ello. Ciudadanos ya alertó en la Asamblea de Madrid que un informe del Ministerio de Medio Ambiente evidenciaba que, en caso de incendio, el humo podría obligar a cerrar el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas y desalojar más de 11.000 viviendas. Además, “los problemas de contaminación del aire que provoca un incendio de estas características son gravísimos. Entre las sustancias que se emiten a la atmósfera en grandes cantidades están las partículas PM10 o sustancias muy peligrosas como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los cancerígenos benceno y benzo(a)pireno, dioxinas, furanos e importantes cantidades de metales pesados”, señalan desde Ecologistas en Acción.