Quico Alsedo y Pablo Herráiz en EL MUNDO

En apenas tres líneas manuscritas, con tachón incluido, el diputado del PP por SegoviaPedro Gómez de la Serna despachaba así su declaración de actividades: «Administrador único de la sociedad Scardovi SL, de la que tiene el 51% del capital social. Se trata de una empresa de consultoría».

Pero detrás de esa escueta declaración hay un entramado del que también forma parte el actual embajador de España en India, Gustavo de Arístegui, a través de su sociedad Karistia, por el que ambos miembros históricos del PP han cobrado comisiones millonarias gracias a su labor de lobby para empresas españolas en África y Latinoamérica, principalmente.

Arístegui y Gómez de la Serna, bajo la marca Voltar Lassen, registrada por ambos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, han ejercido como conseguidores de contratos públicos para una veintena de empresas españolas en diversos países. Para ello se valían de agentes expatriados que conocen el terreno y que utilizaban sus influencias y contactos para conseguir esos grandes contratos a cambio de comisiones.

Este negocio se materializó en la consecución de dos grandes obras públicas para la constructora española Elecnor en Argelia, negocio por el que ingresaron al menos 737.000 euros de comisión más un canon de 15.000 euros mensuales, según ha podido documentar este diario a través de los contratos y facturas internos de Voltar Lassen.

Un ejemplo: según informó Elecnor a través de comunicados y según confirmaron a este diario desde la propia empresa, Voltar Lassen les ayudó a conseguir dos contratos, uno para construir un tranvía en la ciudad argelina de Ouarla por importe de 230 millones de euros, y otro por la canalización de aguas de Souk Tleta, valorado en 250 millones. Es decir, un total de 480 millones. La firma de ambos dirigentes del PP cobraba, de manera genérica, entre un 2% y un 5% del valor total de las adjudicaciones conseguidas, a repartir entre Arístegui, Gómez de la Serna y sus cazadores de negocio. Pero en el caso concreto de la canalización de aguas para Elecnor, sin embargo, se pactó un 1% del contrato; es decir, 2,5 millones de euros.

Esa comisión del 2% al 5% es la genérica que figura en todos los contratos de «agente» que las empresas del diputado y el embajador suscribían principalmente con sociedades españolas, como se puede comprobar en los numerosos contratos suscritos con empresas que obran en poder de este diario.

Los negocios de Arístegui y De la Serna se focalizaban en países como Ghana, Congo, Argelia, Jordania, Panamá o Perú, por poner sólo algunos ejemplos.

Los dos representantes públicos llegaban a ofrecer a sus clientes sus contactos y su conocimiento de países donde se abrían contratos de obras públicas para construir hospitales, tranvías y otras infraestructuras.

El permiso del Congreso

Ambos aseguran que obtuvieron el permiso del Congreso cuando eran diputados (Arístegui lo fue en las tres legislaturas anteriores a esta que termina), aunque de la explicación general de sus actividades a la realidad hay un abismo. Por ejemplo, De la Serna asegura, en su declaración de bienes, tener un salario como administrador de Scardovi de 67.409,13 euros anuales y otro como abogado de 47.134, pero al ver las cuentas de Scardovi en su primer año de vida se puede observar que su empresa ganó 137.817 euros tras pagar impuestos y el salario de sus empleados.

Arístegui explicó a este periódico: «El Congreso me autorizó asesoría jurídica e incluí en la declaración de actividades el objeto social de Karistia, que incluye la apertura de mercados internacionales». Cuando Arístegui creó su sociedad, era portavoz del PP en la comisión de Exteriores del Congreso.

Él justifica que su actividad era sobre todo de asesoramiento: «Intentamos hacer aperturas de mercado en algunos países, no tantos como parece. Se les asesoraba sobre usos y costumbres, es algo legal y legítimo. […] La asesoría era una cuestión muy técnica, mucho más que la redacción de un contrato. Hay que conocer la idiosincrasia de cada país, cómo funciona su gente…».

Pero más allá de la idiosincrasia de un país, Voltar Lassen se comprometía por contrato, y así consta en varios de estos documentos, a «presentar al personal de LA EMPRESA a los clientes potenciales tanto en el GOBIERNO como en las empresas PÚBLICAS o PRIVADAS en los países en que esté trabajando». Las mayúsculas proceden del textual y eso mismo se firmó en el caso de Elecnor.

De la Serna, por su parte, asegura: «Yo tenía mi despacho antes de entrar en política. Llegué y declaré mi actividad y mi consultora, Scardovi. Dije cuál era el objeto social: el asesoramiento jurídico y la consultoría internacional a empresas. Los contactos de que nos servimos son privados: en Argelia, un señor español que lleva 30 años allí; en Jordania, un empresario cervecero local; en Panamá, un empresario español…».

Tres meses antes de ser nombrado embajador en India, cosa que sucedió en abril de 2012, Arístegui abandonó la administración de Karistia S.L. Su hijo, Borja de Arístegui, pasó a desempeñar el cargo. Se firmó un documento privado ante notario porque el nombramiento de embajador era incompatible con la actividad, según explicó el diplomático, pero no se elevó ese cambio al Registro Mercantil «porque la sociedad sufría embargos» por impagos a la Seguridad Social. El padre, por tanto, sigue constando como administrador único. Su empresa, Karistia, recibía su porcentaje de las igualas y las comisiones desde Scardovi (la firma de Gómez de la Serna), aunque cuando a Arístegui le nombraron embajador los pagos se derivaron hacia una sociedad de Borja de Arístegui, Arroyo de Lagasca.

También facturó a Scardovi una firma marroquí llamada Kamaroc. Su administradora es la suegra del propio Arístegui, que cobró a razón de 6.750 euros mensuales de la firma de Gómez de la Serna durante los años 2013 y 2014.

«Mi hijo y mi suegra son dos grandes profesionales y no veo problema en que realicen labores de consultoría, informes que existen, en absoluto son humo», alegó Arístegui a este diario. Preguntado por el hecho de que su hijo continuara con las labores que él mismo dejó en Karistia S.L. al ser nombrado embajador, el político popular tampoco ve problema: «Algunas de las empresas con las que trabajábamos vieron lo capaz y formado que está, ha estudiado en algunas de las mejores universidades del mundo, y quisieron seguir contando con sus servicios».

Algo parecido sucedió con Gómez de la Serna, que comenzó estas actividades cuando no era diputado pero, al ser elegido en 2011 como número 2 por Segovia (este año repite puesto en las listas), declaró ser administrador de Scardovi S.L. y realizar labores de «asesoría jurídica» al Congreso.

En ambos casos, la Cámara Baja autorizó a estos políticos a tener actividad privada, aunque sin profundizar en si era un trabajo como lobbistas o sólo «el asesoramiento fiscal a todo tipo de personas físicas o jurídicas», como reza el objeto social de ambas empresas.

Un antiguo colaborador ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el negocio paralelo de Arístegui y Gómez de la Serna, las comisiones cobradas y la presunta ilegalidad de sus actividades a causa de la incompatibilidad con el ejercicio de sus cargos. La denuncia fue presentada el pasado 11 de noviembre.