Los poderosos directivos de las exCajas gallegas condenados a pagar sus miserias, con cárcel y devolviendo parte de la pasta sisada.
El capo mayor de Caixa Galicia, ese mismo que un buen día entró a la vista de los que estábamos en la antigua Pajarera y hoy Central de la Desvergüenza, cafetería enfrente de la oficina principal de Caixa Galicia, como entra un capo de la mafia rodeado de guardaespaldas que le abren la puerta del monovolumen de cristales tintados. De la mafia no lo creo pero de la sinvergonzonería era tremendo porque Caixa Galicia arruinada y desaconsejando su fusión por la cara con la nova de los ahora condenados, él sin embargo pilló 18 millones de euros y salió de rositas antes de que fuera la fusión investigada. ¿Alguien contará algún día los entresijos político financiero sociales de Galicia en ese tiempo donde el hombre se las piró con el dinero en el bolsillo? En fin. A los que sí trincaron fue a los otros ejecutivos señalados que también querían irse forrados para el resto de su vida no tener que pegar un sello o dar un palo al agua. Ahora los han retratado bien. Lo paradógico es ver como a todos ellos les chupaban muchos el culo hasta decir basta, como yo mismo pude apreciar a un hombre de la sociedad ourensana con nombre de rey con motivo de coincidir en un despacho cuando los premios de excelencia de la CEO. Seguro que ahora callarán como San Pedro cuando les pregunte alguien si eran amigos de sus jefes, pero ya es suficiente con la condena que relata a continuación LA VOZ DE GALICIA de la siguiente manera:
El tribunal de la Audiencia Nacional ha concluido que José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán son culpables de un delito de administración desleal y apropiación indebida. Y Julio Fernández Gayoso -que fue copresidente de Novacaixagalicia- y el abogado Ricardo Pradas, los cooperadores necesarios.
Los tres antiguos directivos tendrán que devolver, además, 14,2 millones de euros cobrados indebidamente, y Gayoso y Pradas serán responsables subsidiarios si no lo abonan. En concreto, Pego está obligado a reintegrar 8,7 millones de euros; Gregorio Gorriarán 5,28 millones y Rodríguez Estrada 240.354 euros. Todo ello para el FROB, que llegó a poner 9.000 millones para reflotar la entidad.
El tribunal inhabilita a los exbanqueros para ejercer empleo alguno dentro del sector durante el tiempo de condena y a Pradas a no trabajar como abogado ni a realizar asesoramiento alguno dentro del ámbito jurídico. Sin embargo, no tendrán que devolver nada de sus millonarios planes de pensiones. Hasta que la sentencia sea firme, la entrada en prisión de los acusados queda suspendida y, en todo caso, supeditada al criterio del tribunal.
«Su colaboración fue más allá de la mera complicidad»
Julio Fernández Gayoso. Dos años de cárcel y multa de 250 euros diarios durante diez meses como «colaborador necesario» en los delitos de los exdirectivos.
A punto de cumplir 84 años, Julio Fernández Gayoso está recluido en su casa de Vigo, desaparecido de la vida social. La sentencia es dura con él. Dice que «urdió» el plan que posibilitó el cobro de indemnizaciones indebidas por parte de los directivos condenados. «Su colaboración fue más allá de una mera complicidad», señala la sala, que entiende que Gayoso «aceleró todo lo que pudo» la aprobación de los nuevos contratos, alegando que los conocía el Banco de España, sin que así fuera hasta «casi un año después».
Rompió el «vínculo de lealtad» debido a la entidad
José Luis Pego. Idéntica pena y multa por un delito de administración desleal en concurso con otro de apropiación indebida.
Pego, de 58 años de edad, no desempeña actividad profesional alguna desde su salida de la caja fusionada. Fue, junto con García de Paredes, el que más afectado se mostró durante las sesiones del juicio, en las que reiteró la completa legalidad de su indemnización, algo en lo que discrepan los magistrados. Consideran que su conducta -como la de Gorriarán y Estrada- «rompió el vínculo de lealtad que le unía» con la sociedad como administrador, causando un «perjuicio patrimonial» en «beneficio propio».
Un contrato de alta dirección que fue «coartada perfecta»
Javier García de Paredes. Es el único de los imputados absuelto, ya que la Fiscalía retiró la acusación contra él.
El único absuelto, ya que Anticorrupción retiró los cargos y las acusaciones particular y popular se sumaron. La sentencia considera que el resto de condenados utilizaron el nuevo contrato de alta dirección del ejecutivo -provenía de Caixa Galicia y carecía de él- como «coartada perfecta» para «enmascarar» las mejoras de los suyos. Actualmente reside en Madrid, donde ha montado un despacho de abogados a sus 54 años. Fue el único que renunció en dos ocasiones a derechos económicos, por 3,6 y 4,1 millones.
«Decidida intención» de incumplir el límite salarial
Óscar Rodríguez Estrada. Dos años de cárcel y multa de 250 euros al día durante diez meses, además de inhabilitación.
Desistió de su contrato en la caja fusionada y se retiró. Aunque es el exdirectivo al que menos cuantía económica le exigen reintegrar al FROB (poco más de 240.000 euros), a ojos de los magistrados comparte el delito de sus compañeros de banquillo. La sentencia resalta la cantidad de «elementos de prueba» que «abundan en la voluntaria y decidida intención de los acusados de incumplir la política de remuneración de altos directivos en su propio beneficio». Rodríguez Estrada, con 67 años, está retirado.
«Mejoraron» las condiciones porque esperaban el cese
Gregorrio Gorriarán. Dos años de cárcel e inhabilitación para el empleo en el mismo sector durante la condena.
Gorriarán, de 58 años, actualmente se dedica a gestionar un holding familiar vinculado con el sector inmobiliario. La sala considera que, gracias a las mejoras de su contrato, percibió indebidamente 5.283.169 euros, que le condenan a devolver. Insiste, además -como para el resto de exdirectivos de la causa-, en que, «sabedores» de la situación «calamitosa» de la entidad, «mejoraron intencionadamente sus condiciones económicas» de cara a un previsible cese en la nueva financiera surgida de la caja fusionada, como así ocurrió.
Conducta «dolosa» al informar sobre los contratos
Ricardo Pradas. Al igual que Gayoso, Pradas está condenado como «colaborador necesario» para la comisión del delito de apropiación indebida.
El tribunal considera que Pradas, de 58 años, asesor jurídico vinculado a Gayoso desde la etapa de Caixanova, «urdió» con él el plan para mejorar los contratos. Los magistrados ven «dolo» en su actitud, ya que «asesoró a los órganos de la sociedad que debían refrendar los contratos, de una manera que a juicio del tribunal excede del mero error formal, al obviar las normas legales aplicables íntegramente a los mismos». Las retribuciones -al ser una entidad rescatada- debían someterse a unos límites que Pradas negó.
