Y llegó el tiempo de rendir cuentas a la Justicia sobre la legalidad de las indemnizaciones a los antiguos directivos de las cajas gallegas que ellos mismos se concedieron. Una Caja en ruina pero que sirvió para que los jefes amos de la misma se fueran forrados a sus cuarteles de invierno. Ante la Audiencia tendrán que decir lo que no está escrito, pero ya anticipa la falta de auto crítica la primera declaración de todas, la de Ricardo Pradas, el asesor legal de la entidad que defendió “la pulcritud jurídica” del proceso, “por mucho –añadió- que especulemos de forma extraordinaria”.

Ante la insistencia de la fiscal Pilar Melero sobre la incorporación de posibles mejoras en los contratos de los ex altos cargos, el abogado, que trabajó ya para Caixanova y revisó los borradores de los contratos y el informe sobre la posibilidad de su desestimiento ante momentos como la fusión o la conversión del negocio en banco, relató que todos nacieron del “tronco común” que en su momento construyó la patronal del sector para orientar las condiciones laborales de la alta dirección en las entidades y que “en ningún caso” hubo mejoras en “las adaptaciones” de los contratos de los imputados. Fundamentalmente lo que les afectaba con motivo del pacto laboral forjado para la fusión. “Todo, menos aquello que entrara en contradicción con sus contratos”, detalló. Como la opción de prejubilarse antes de los 55 años. “¿Por qué entonces se hicieron otros contratos? ¿Para qué era necesario?”, cuestionó la fiscal, en referencia a los firmados justo antes de la fusión por parte de José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán. “Emito mi opinión –contestó Pradas-. Por mayor seguridad, estabilidad y transparencia”. El 1 de diciembre de 2010 al asesor le encomendaron también preparar un contrato similar para Javier García de Paredes. Pradas niega que el que fue director general adjunto de Novacaixa influyera en el contenido. “En absoluto –refrenda-. No negocio en nombre de nadie”.

Pradas recordó cómo en la comisión de retribuciones de agosto de 2011, tras la decisión de la asamblea general de la caja fusionada que decidió la bancarización para la entrada de la segunda inyección de capital por parte del FROB, la de la nacionalización, explicó que esa transformación de la entidad abría la puerta de nuevo a que los directivos pidieran el desestimiento. “Era una concurrencia de libro”, afirma. Por eso se ponía sobre la mesa la posible “contigencia” que se generaba y la necesidad de dotar el dinero necesario. Por si efectivamente se finalizaban las relaciones laborales con los imputados. Ricardo Pradas sostiene que nunca tuvo conocimiento “de la cuantía de los salarios ni el importe de las liquidaciones”. Pero los vocales de la comisión sí preguntaron por el impacto, como reflejan las actas leídas durante el juicio. Y se transmite la cifra: 28 millones de euros.

Además, el asesor legal destacó que a las liquidaciones practicadas en Novacaixa no le eran de aplicación las recomendaciones del FROB “sobre política de remuneraciones” y negó “categóricamente” que esas cuantías puedan considerarse “blindajes” a la vista de la definición que de ellos da el Estatuto de los Trabajadores. Ante la pregunta directa del juez Alfonso Guevara, Pradas rechazó haber favorecido a los directivos.

Así que ya lo vamos viendo, la caradura es dura hasta la siguiente comparecencia, que habrá hoy.