Los archivos del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que dirige la juez Mercedes Alaya, se apilan en el suelo. Son decenas de expedientes cruciales para aclarar los mayores casos de corrupción que, supuestamente, se han cometido desde las administración públicas de Andalucía. Sin palabras.

En cuánto a Galicia, otro caso sin medios es el de la juez Pilar de Lara, titular del Juzgado de instrucción número 1 de Lugo, que investiga los casos de corrupción política en Galicia. Ante su reclamación tras la marcha de una juez que realizaba labores de refuerzo y la retirada de dos funcionarios de apoyo, el vicepresidente Rueda aseguró que la retirada de las dos funcionarias del Juzgado de Lugo responde a ‘razones objetivas’. ¡Menuda cara!

La caradura se completa con el proyecto de ley que pretende aprobar el presidente Núñez para aumentar las cantidades que se otorgan por escaño, voto y envíos postales, o sea, SUBVENCIONES ELECTORALES, y que supondrán 1,3 millones más a repartirse los partidos políticos gallegos.

No hay más palabras. Lo malo es que no Podemos, porque hace falta un cambio urgente de mentalidad política.