Realmente prodríamos hablar de irregularidades de todo tipo, orden, gestión, naturaleza, dirección, y toda clase de palabrería hueca como es lo concerniente a este negocio inventado en la España picaresca de la última etapa, donde corrupción y triquiñuela se han  dado un abrazo enorme que ha reventado el pecho de cualquier lógica.

El informe de fiscalización de los programas de formación para el empleo del 2010 que presentó ayer el Consello de Contas viene a constatar que parte del dinero público destinado al fomento del empleo va a parar a la caja de la mayoría de las entidades adjudicatarias.

Se habla de cursos sin alumnos, de contratación de empresas vinculadas, personas que estaban el mismo día y a la misma hora en cursos diferentes en distintos puntos de la geografía gallega, gastos de material desproporcionados, ayudas al transporte sin justificación alguna o talleres de coche que alquilan el negocio para dar cursos de cocina y hasta de buceo.

Hasta 574 irregularidades en los 70 cursos que analizaron cuyos beneficiarios son empresas, sindicatos o fundaciones. La Confederación de Empresarios de Ourense es otra de las entidades más fiscalizadas y con mayor número de irregularidades detectadas, pues pudo haber cometido hasta 35 en tan solo cinco cursos.

El Consello de Contas ve «una elevada concertación de actividades formativas por algunos beneficiarios con entidades vinculadas, sin que conste, por lo general, la autorización del órgano de concesión de la ayuda ni tampoco el contraste con los precios de mercado a través de la petición de distintas ofertas -exigible según la normativa de subvenciones-, lo que supone riesgos de opacidad para determinar si los costes son reales o están sobrevalorados.

De forma destacada, en torno a algunos beneficiarios se da un elevado elenco de entidades vinculadas que absorben la práctica totalidad de las contrataciones justificadas en los cursos impartidos, ahondando en esa opacidad, como sucede en el entorno de Gecreri (presenta hasta seis entidades distintas vinculadas) o en torno al grupo Academia Postal (cinco)».

Asimismo, «la contratación de la docencia con empresas externas constituye […] un supuesto de subcontratación que la Orden de la convocatoria no permite en la formación de desempleados y que, sin embargo, se constata en un buen número de expedientes».

Por otro lado, «no parece adecuado que las organizaciones sindicales y empresariales más representativas sean miembros de las comisiones que elaboran las propuestas de formación y, a su vez, los principales beneficiarios de las ayudas».

Las cuentas justificativas de las entidades incluyen «siempre» gastos asociados, en determinados casos al límite del 20 % de los costes de la actividad formativa. La justificación del gasto incurrido se acredita mediante una factura global de las entidades colaboradoras, «en todos los casos sin justificantes de gasto propiamente dichos que permitan verificar los costes reales».

En cuanto a los alumnos, el dictamen del Consello informa de que más de 4.000 realizaron más de una acción formativa en la convocatoria del 2010, «llegando en algún caso a participar en 14 cursos distintos en el mismo año.

En sus conclusiones el Consello critica a la Xunta porque tras detectar en el 2010 varias incidencias respecto a la carga de actividad subvencionada, explica, «no dieron lugar a medidas y actuaciones posteriores».